Corporación Municipal

La corporación está integrada por las personas que se expresan a continuación

José Antonio Cacabelos Rico María Ángeles Domínguez Fernández Noemí Outeda Prol María del Pilar Galiñanes Castro Santiago Marcelino Meis Otero Juan Otero Otero Juan R. Outeda Montenegro Francisco M. Parada Carballa

Pablo José Leiva Lois María Alejandra Lamas Domínguez  Carolina Otero Lois Santiago Mariño Couto

José Antonio Otero González  Susana Millán Prol  Anxo Meis Domínguez

Maria Teresa Galiñanes Prol Anselmo Noya Martínez

Corresponde al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local, las siguientes atribuciones:

• Elegir y destituir al alcalde de su cargo conforme a las reglas establecidas en la legislación electoral.
• Controlar y fiscalizar los órganos de gobierno municipales.
• Aprobar el reglamento orgánico, las ordenanzas y demás disposiciones de carácter general que sean de competencia municipal.
• Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal, creación o supresión de municipios y de las entidades a las que se refiere el artículo 45 de la Ley 7/1985, del 2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades, y la adopción o modificación de su bandera, insignia o escudo.
• Aprobar el cuadro de personal y la relación de los puestos de trabajo de la entidad, según las normas estatales previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, y determinar el número y características del personal eventual, así como aprobar la oferta anual de empleo público.
• La fijación de la cuantía global de las retribuciones complementarias, dentro de los límites máximos y mínimos y demás prescripciones establecidas en las normas estatales de desarrollo del artículo 93 de la Ley 7/1985, del 2 de abril.
• Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal, con sujeción a las normas reglamentarias que dicte el Estado en aplicación de la autorización conferida por el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril.
• Aprobar las bases que hayan de regir en los concursos de provisión de puestos de trabajo, con sujeción a las normas básicas que dicte el Estado, según lo previsto en los artículos 90.2 y 101 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, y resolver motivadamente los concursos a los que se refiere el artículo 102.2 de la misma ley.
• La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la entidad local para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la resolución motivada que reconozca la compatibilidad o declare la incompatibilidad de dicho personal para el ejercicio de actividades de la entidad local, a la que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
• Separar del servicio a los funcionarios de la entidad, ratificar el despido del personal laboral e imponerles sanciones por faltas graves o muy graves a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que no supongan la destitución del cargo ni la separación definitiva del servicio.
• La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.
• Acordar las operaciones de crédito o garantía y conceder quitas y esperas, así como el reconocimiento extrajudicial de créditos.
• La alteración de la calificación jurídica de los bienes del municipio, tras el expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad.
• La adquisición de bienes y la transacción sobre estos, así como su enajenación o cualquier otro acto de disposición, incluyendo la cesión gratuita a otras administraciones o instituciones públicas y a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.
• La concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto.
• La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales y la cesión por cualquier título del aprovechamiento de estos bienes.
• El ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra el Ayuntamiento.
• La presentación de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas.
• La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas.
• La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística.
• La aprobación de la forma de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
• La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual de la entidad y la aprobación de pliegos de condiciones generales a los que deben sujetarse los contratos de la corporación.
• La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de su competencia, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
• Conceder medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de la corporación.
• Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, y las demás que expresamente le confieran las leyes.